Olvidarse de las tarifas: los usuarios que generan su propia energía se duplicaron en el último año
El sistema de generación distribuida se inauguró en 2019 y hay 788 usuarios-generadores en 9 provincias que le venden su excedente a la red. La inminente suba en las boletas se suma a una serie de otros estímulos vigentes y próximos a ser lanzados.

Desde hace varios meses las boletas de electricidad de Nicolás Gadano llegan a su casa con valores negativos. Es decir, tiene dinero a favor. Ahora mismo, mientras habla por teléfono con elDiarioAR la mañana resplandece y las pantallas solares que instaló en la terraza de su departamento de Palermo generan un caudal de energía que no alcanza a consumir por completo —las luces están apagadas y tiene en uso apenas un par de electrodomésticos– y que por eso inyectan el excedente a la red de electricidad. Luego, Edenor le pagará por esos kiloWatt (kW) que recibió de su terraza. 

A la noche –o cuando esté nublado y los rayos de sol no sean lo suficientemente potentes– su casa volverá a depender de la electricidad de Edenor y él tomará, entonces, lo que necesite de la red. Si al final del bimestre resulta que hubo un equilibrio entre lo que generó y consumió, o incluso que tuvo “superávit” y vendió el excedente, entonces su cuenta estará saldada o se quedará con algunos pesos de ahorro para la factura siguiente. El intercambio ocurrirá sin que nadie le preste atención, registrado por un medidor “bidireccional”, diferente al que tienen la  mayoría de las casas: mide lo que entra, pero también lo que sale. 

Gadano –que ocupó distintos cargos en el Estado y fue gerente general del Banco Central durante la administración anterior– es uno de los 788 usuarios-generadores de energía que hay repartidos en nueve provincias del país. Son pioneros de un sistema que comenzó a funcionar a mediados de 2019 cuando se reglamentó la Ley de Generación Distribuida N° 27.424, que permite a particulares, comercios, industrias e instituciones instalar paneles solares y vender los excedentes de su producción a la red eléctrica.

Actualmente hay 11.062 kW de potencia instalada, que equivale a la demanda eléctrica anual de más de 5.000 hogares y representan un total de 5,9 toneladas de emisiones de dióxido de carbono evitadas. Dado que cada provincia tiene la potestad sobre sus redes eléctricas, cada una debe adherir y todavía faltan algunas. Hasta ahora están incluidas Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, CABA, Chubut, Chaco, Corrientes, Río Negro, San Juan, La Pampa, La Rioja y Catamarca.

Según registros oficiales, en 2021 se triplicó la potencia instalada respecto del año anterior y se duplicaron los usuarios generadores inscriptos. “Hay varios factores que explican la expansión”, explica Nicolás Biurrún, coordinador de Generación Distribuida de la Dirección Nacional de Generación Eléctrica. “Por un lado el abaratamiento tecnológico; en los últimos tres años los paneles y los inversores fotovoltaicos redujeron tres veces su precio. Por otro, hay mucha más información, marcos normativos y un interés general por las energías renovables más allá del beneficio económico; hay una tendencia entre las empresas de mostrar una imagen más verde”, apunta.

Si bien no lo ubica como un tema central, la perspectiva de una suba de las tarifas de electricidad también aumenta el interés por la generación distribuida, dado que mejora el balance económico.

Hoy instalar el sistema para abastecer un hogar con un consumo promedio ronda los US$6.000 o US$7.000 lo que, al tipo de cambio oficial, equivale a alrededor de $700.000. Si se le agrega baterías, que permiten almacenar la energía generada y prescindir de la red, la inversión se expande. El cálculo lo hace Ariel Mesch, que desde hace más de 10 años se dedica a la consultoría y la instalación de equipos de energías renovables.

“El campo fue nuestro primer cliente, porque la primera función fue llevar energía eléctrica a donde no la había”, cuenta Mesch, que entre 2019 y 2021 quintuplicó las consultas y la  cantidad de instalaciones hechas. 

Uno de sus clientes fue Rodolfo Cheguar, socio gerente de la empresa de distribución de productos de consumo masivo Romy, ubicada en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que abastece supermercados, kioscos y autoservicios en el interior de la provincia de Chaco. Cheguar (uno de los 6 usuarios-generadores registrados en esa provincia) instaló paneles solares en el techo de su depósito en octubre pasado y desde entonces ahorra un 25% en la factura, solo por lo que dejó de comprarle a la distribuidora. Estima que ese ahorro llegará al 40% cuando pueda comenzar a vender el excedente, algo cuya instrumentación está demorada en el estado provincial.

Retorno

“Creo que todos a nivel de empresa tenemos que ser socialmente responsables y pensar en estas alternativas que nos brinda hoy la tecnología de generación de energías limpias”, dice Cheguar antes de enumerar las distintos factores que lo impulsaron a tomar la decisión: los beneficios fiscales, las líneas de crédito para comprar los equipos y el “retraso del dólar oficial” que abarata el costo de las importaciones. 

“Con el nivel de tarifas actual, que es mayor al que pagan en Buenos Aires, estimamos que el retorno de la inversión nos va a llevar menos de 7 años. Si las tarifas suben más, será menos”, calcula. Esa perspectiva se vuelve más tentadora incluso para los usuarios del AMBA que queden dentro del 10% de mayor poder adquisitivo, que de acuerdo a la segmentación prevista por Martín Guzmán se quedarán sin subsidios y tendrán aumentos por encima del 200% a partir de junio.

El ahorro de la autogeneración viene también por otro lado. En su estructura tarifaria, todas las distribuidoras tienen distintas categorías de usuarios, segmentados por la cantidad de energía que consumen: cuanto mayor es, más cara se cobra. Al suplantar parte del consumo con la autogeneración, los usuarios-generadores bajan de categoría y pagan un precio más barato por esa porción de energía que le demandan a la red.

Actualmente existen créditos fiscales por cada kW de paneles instalados y, según pudo saber elDiarioAR, en pocas semanas se anunciará la ampliación del monto de los beneficios. La Secretaría de Energía también está terminando de articular un convenio para ofrecer financiación para la compra de equipos y trabaja en una regulación adicional para impulsar el esquema de “generación comunitaria”, algo que ya está en marcha en Córdoba y Mendoza y que le permite a distintos usuarios agruparse para generar de manera conjunta y repartir los beneficios.

“La generación distribuida no te va a mover nunca el amperímetro, siempre va a ser marginal respecto de la generación a gran escala. Pero esto viene a hacer otra cosa, que es generarle un alivio a las redes de distribución, que en días de mucha demanda son lo primero que colapsa”, precisa Biurrún sobre los objetivos de máxima de este esquema.

Los 788 usuarios-generadores registrados por el Estado son los que están conectados a la red de distribución, pero hay muchísimas más personas que producen su propia energía de manera off-grid, por fuera del sistema. Es el caso de Clara Torres, que vive en un campo cerca de la localidad de Cholila, en Chubut.

Antes de instalar los paneles este verano, Torres abastecía su casa con un grupo electrógeno alimentado a nafta. “Todavía estamos lejos de recuperar la inversión, pero ya lo vale”, dice. Ya no necesita ir hasta el  pueblo a comprar combustible, algo que además del gasto implicaba otras complicaciones logísticas: la semana pasada no se podía transitar el camino por las lluvias. “Además el tanque entero de mi grupo electrógeno no te da más de cinco horas de luz, y no lo podés tener andando todo el tiempo; es engorroso salir a prenderlo y apagarlo”, cuenta Torres, que pudo sumar el servicio de internet a partir de tener los paneles solares, las baterías y un flujo de electricidad constante. 

Aún cuando puede generar algún rédito, la generación distribuida no se plantea como un “negocio” y se busca que los equipos empaten la necesidad de consumo de cada lugar y no que generen excedente. Ya en el texto de la norma, se dispone que la energía se compra más barata de lo que se vende. La Argentina ya aprendió de los errores de otros países.

Masch explica que en España, un esquema muy tentador desde el punto de vista económico generó una distorsión del mercado tal que la gente se puso a “cosechar” sol, casi fundiendo al distribuidor mayorista de ese país. El Gobierno debió implementar luego un “impuesto al sol” para pinchar la burbuja.

“Eso pasó en España, en Brasil, en Alemania”, completa Biurrún, “era tan atractivo el precio de inyección que hubo desbalances. Las personas generaban energía hasta de noche y veías que aunque tenían declarados paneles usaban hasta autogeneradores a combustible. Acá el esquema de facturación está pensado para que eso no pase”, apuntó.

De todos modos la norma dispone que, si se acumulan seis meses de saldo a favor, el usuario-generador puede solicitar que se le deposite ese dinero en su cuenta bancaria. También puede pasar de un domicilio a otro los créditos. Por ejemplo, una persona que tiene una casa de fin de semana en Tigre puede instalar los paneles en esa casa y derivarle el crédito a un departamento en CABA, siempre que ambos estén bajo la órbita de la misma empresa distribuidora. 

El 60% de la potencia instalada en todo el país lo aporta la provincia de Córdoba, que venía trabajando en un marco normativo propio incluso antes de que se impulsara la ley nacional y que tiene incentivos fiscales, créditos y programas propios de estímulo.

En Córdoba ya está en marcha además la generación distribuida comunitaria. Un caso emblemático es el de la cooperativa eléctrica de Oncativo, que instaló un parque comunitario que distribuye energía a cuatro centros de consumo: las instalaciones de la cooperativa, un centro de capacitación, el sistema de bombeo de agua y una vivienda.

“En carpeta tenemos casi 15 megavatios de potencia a instalarse bajo el modelo de generación distribuida comunitaria”, anticipa Sergio Mansur, secretario de Biocombustibles y Energías Renovables de Córdoba. También esperan una escalada a partir de la incorporación de la “tokenización” del sistema. “Cada parcela del parque va a tener asociada una cantidad mensual de energía que podrá monetizarse al valor que remunera Camesa –explica– y también un token de carbono evitado, con el que podremos crear un mercado de compensaciones en la provincia”.

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